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Designación de funcionarios públicos, debe ser por méritos; no por compadrazgo: IAPQROO

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Que los puestos públicos sean conseguidos con base en los méritos y no por compadrazgo o amiguismo es un aspecto prioritario para erradicar la corrupción, destacó el presidente del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (Iapqroo), León Lizárraga Cubedo, quien destacó que desde hace 19 años el estado cuenta con una ley de servicio público de carrera que prácticamente no se aplica.

“Desde el año 2002 tenemos una ley de servicio público de carrera, hecha con el propósito de profesionalizar a los servidores públicos pero principalmente para acabar con la práctica de botín político en el reparto de los puestos de confianza o las posiciones de toma de decisiones. Que en 19 años no hayamos concretado esa ley en ninguno de los poderes es preocupante”, indicó.

En cuanto a los municipios, dijo que sólo Benito Juárez ha avanzado sobre los reglamentos, pero en general no hay seguimiento de las políticas públicas y estas cambian con cada administración local. En los últimos dos años, aceptó, se ha tratado de retomar esta ley a nivel estatal; “urge implementarla o bien derogarla y hacer otra”.

Detalló que la corrupción está concebida como el acto que ejercen las personas servidores públicos o los particulares cuando quieren resolver un problema por medio de la administración pública, cuando de por medio hay un acto administrativo. 

“Hay muchas derivaciones que estiman que también es corrupción algunas actuaciones éticas o morales, aunque esto no es necesariamente cierto, aunque la omisión sí está asociada con la corrupción”, explicó.

“Básicamente, es cuando dos individuos en el intercambio que tienen quieren sacar ventaja de su circunstancia, ya sea del cargo administrativo o posición económica”, dijo y recordó que el Iapqroo desde 2007 realiza investigaciones que tienen que ver con problemas públicos y su interacción con la administración pública. Sus muestras son mayores a la tercera parte del padrón electoral quintanarroense y en ellas hay un apartado dedicado a la corrupción.

A partir de 2017 a la fecha han diseñado un sistema de monitoreo de problemas públicos que permite analizar las dificultades que tiene la ciudadanía y si estas concuerdan con los programas que desarrollan los gobiernos. En las preguntas concretas que hicieron está si han cometido un acto de corrupción en mayor o menor medida y un porcentaje de al menos 30 por ciento respondió que sí lo ha hecho.

“Entre los tres principales problemas que han surgido en los estudios que se hacen en los municipios están la actuación de los servidores públicos, vínculos con corrupción, nepotismo o el trato que dan a las personas, lo cual indica que es un problema recurrente que hay que trabajar”, manifestó.

Indicó que hoy en día las administraciones gubernamentales visibilizan más los actos de corrupción tanto de sus antecesores como de su mismo personal, ya está incorporado en el discurso público la denuncia sobre actos, omisiones u montos concretos de desvíos de recursos, “eso no era común antes y ahora lo ves tanto a nivel federal como estatal y municipal. Se persiguen más los actos de corrupción”.

Consideró que la propia sociedad no ha hecho lo suficiente para que realmente tengamos un avance en temas como el de la corrupción, que pega de manera directa: “puede haber miles de políticas, pero si no lo vemos reflejado en la realidad de poco sirve. Es un indicador claro de que no hemos podido avanzar”.

Lizárraga Cubedo aceptó que las aplicaciones tecnológicas tanto para denunciar actos de corrupción como para realizar trámites son una buena estrategia para evitar y detectar actos de corrupción, pero se requiere un análisis para saber si han logrado permear en los ciudadanos. Destacó también la importancia de las contralorías sociales para integrar a la gente al monitoreo del gasto público.

En cuanto a los trámites que más se prestan a malos manejos enumeró las licencias de construcción, cambios de densidad, permisos de venta de alcohol, protección civil e impuestos; “en todo lo que implique un trámite que tenga un costo está de por medio un posible trámite de corrupción, por eso los sistemas informáticos son importantes, inhiben esa posibilidad”.

Fuente: lajornadamaya.mx

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