Caso Odebrecht y su afectación en México

En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. El mundo económico brasileño se echó a temblar; El mundo político, también. Y no han parado desde entonces de hacerlo. Los secretos que podia guardar el nieto –y ya por entonces presidente- de la mayor constructora de América Latina, con 168.000 empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Venezuela, Colombia, Perú o EE UU, eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por si solos, derribar presidencias o hacer caer gobiernos en toda la región.

Durante muchos meses, Marcelo, un hombre pagado de sí mismo y de carácter fuerte, se negó a aceptar el regalo envenenado de la Fiscalía brasileña: confesar lo que sabía –esto es: a quién había sobornado para conseguir contratos golosos- a cambio de rebajar la condena. Pero la situación en caída libre de la empresa, sobre la que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más las pruebas recogidas por los investigadores (la carpeta olvidada de una secretaria en la que figuraban los nombres y ápodos de los políticos sistemáticamente sobornado constituyó una de las más concluyentes) le hicieron doblegarse.

Aceptó cantar y delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años). Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad.

Además de pedir perdón públicamente, la empresa, asimismo, se avino a pagar la multa mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción: 3.500 millones de dólares, repartidos entre los Gobiernos de Brasil, EEUU y Suiza (países que también investigaban a Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio, dejaba de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras públicas, su principal fuente de ingresos.

Pero una vez que las investigaciones se habían puesto en marcha, nada iba a impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo. Desde EEUU y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y al expresidente peruano Alejandro Toledo. “Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios deOdebrecht-un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera- que, sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes”, afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano.

Nada apunta a que la tormenta vaya a parar. Al contrario. Las confesiones de los más de 70 altos cargos (incluída la de Marcelo Odebrecht) están hoy por hoy en Brasil protegidas por el secreto de sumario. Pero no lo estarán por mucho tiempo y, más pronto o más tarde, se harán públicas. La prensa brasileña las denomina, acertadamente, “la confesión del fin del mundo”. Hace um mes se filtró la declaración de uno de esos altos cargos. Sólo uno. Se llamaba Cláudio Melo Filho y su trabajo consistía, según afirmo ante la policía, en presionar (y sobornar) a políticos brasileños a cambio de que favorecieran los intereses de la empresa a la hora de conceder contratos o modificar leyes. Aseguró también que el actual presidente Michel Temer aceptó en la terraza de su palacio 10 millones de reales (más de 3 millones de euros) para su campaña electoral. Lo que esconda la declaración de Marcelo Odebrecht, que trataba con presidentes y ministros de muchos países, es dinamita pura a punto de estallar.

Esto es lo que se va conociendo de las diferentes investigaciones:

MÉXICO

Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado [mexicano]”. Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso. Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal) también se pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula, Hidalgo.

En el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central en la apertura del sector energético mexicano. A finales de enero, Arely Gómez, la titular de la SFP dijo que el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos es una de sus prioridades, pero no presentó ningún avance en la investigación.

Fuente: oronegro.mx

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